Cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos.
Cerca de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema (es decir, viven con US$ 1,90 al mes o menos) por tener que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo.
Más de 930 millones de personas (alrededor del 12% de la población mundial) gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud.
Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado tratar de alcanzar la cobertura sanitaria universal a más tardar en 2030, en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La atención primaria de salud puede atender entre el 80% y el 90% de las necesidades sanitarias de la población a lo largo de su vida.
Hay un desajuste de 18 millones de profesionales entre el personal sanitario en activo en todo el mundo actualmente y el que se necesitaría hoy en día para garantizar la cobertura sanitaria universal.
La cobertura de vacunación con DTP3 se mantiene en el 85% (2017), lo que deja a 19,9 millones de niños vulnerables ante enfermedades prevenibles mediante vacunación.
¿Qué es la cobertura sanitaria universal?
La cobertura sanitaria universal (CSU) implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Abarca toda el espectro de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.
La prestación de esos servicios requiere un personal sanitario y asistencial adecuado y competente, que esté dotado de una combinación óptima de habilidades y conocimientos en los establecimientos de salud, los servicios de proximidad y la comunidad y esté repartido de forma equitativa, reciba un apoyo adecuado y disfrute de un trabajo digno. Las estrategias de cobertura sanitaria universal garantizan que todo el mundo tenga acceso a los servicios que atajan las causas más importantes de morbilidad y mortalidad, y que la calidad de esos servicios sea suficiente para mejorar la salud de quienes los reciben.
Proteger a las personas de las consecuencias financieras que puede tener el pago de los servicios de salud reduce el riesgo de que se empobrezcan a resultas de una enfermedad inesperada que exija la utilización de los ahorros de toda una vida, la venta de bienes o el recurso a préstamos, que pueden destruir su futuro y a menudo el de sus hijos.
La cobertura sanitaria universal es una de las metas que se fijaron los países que adoptaron los ODS en 2015. Los países reafirmaron este compromiso en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal en 2019. Los países que progresan en el logro de la cobertura sanitaria universal también avanzarán hacia las demás metas relacionadas con la salud y los demás objetivos. La buena salud permite que los niños aprendan y los adultos se ganen la vida; ayuda a salir de la pobreza y sienta las bases para el desarrollo económico a largo plazo.
La OMS contribuye a alcanzar la meta del 13.º Programa General de Trabajo, 2025, a saber, garantizar que 1000 millones de personas más se beneficien de la cobertura sanitaria universal, al tiempo que contribuye a las otras dos metas de los mil millones, esto es, mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas, y mejor salud y bienestar para mil millones más de personas. También contribuye a la misión de la OMS encaminada a lograr el ejercicio del derecho al goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar.
¿De qué manera pueden los países avanzar hacia la cobertura sanitaria universal?
Muchos países están avanzando hacia la cobertura sanitaria universal, si bien en todas partes la pandemia de COVID-19 ha afectado a la disponibilidad de la capacidad de los sistemas de salud para prestar servicios de salud de manera ininterrumpida. A pesar de los problemas provocados por la pandemia de COVID-19, todos los países pueden tomar medidas para avanzar más rápidamente hacia la cobertura sanitaria universal o para mantener sus logros. En los países en que los servicios de salud son generalmente accesibles y asequibles, los gobiernos tienen cada vez más dificultades para responder a las crecientes necesidades en materia de salud de su población y al aumento de los costos de los servicios de salud.
Para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal es preciso fortalecer los sistemas de salud en todos los países. También es esencial contar con estructuras de financiación sólidas. Si la población tiene que pagar la mayoría de los gastos de salud de su propio bolsillo, los pobres serán incapaces de obtener muchos de los servicios que necesitan, e incluso los ricos se verán expuestos a dificultades económicas en caso de enfermedad grave o prolongada. El acopio de fondos procedentes de fuentes de financiación obligatorias (como los ingresos tributarios del Estado) permite repartir los riesgos financieros relacionados con la enfermedad entre la población.
La mejora de la cobertura de los servicios de salud y de los resultados de salud depende de la disponibilidad, accesibilidad y capacidad de los trabajadores sanitarios y asistenciales de proporcionar una atención integrada de calidad centrada en las personas. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto de forma dramática la inestimable labor del personal sanitario y asistencial y la importancia de ampliar las inversiones en ese ámbito. Para satisfacer las necesidades del personal sanitario y cumplir los ODS y sus metas relacionadas con la cobertura sanitaria universal, se necesitarán más de 18 millones de trabajadores de la salud de aquí a 2030. Las diferencias entre la oferta y la demanda de este personal se concentran en los países de ingresos bajos y medianos-bajos. Se prevé que la creciente demanda de trabajadores de la salud creará 40 millones de puestos de trabajo en este sector de aquí a 2030. Se necesita invertir en los sectores público y privado para formar a esos trabajadores y para crear y cubrir puestos de trabajo remunerados en el sector y la economía de la salud. La pandemia de COVID-19, que inicialmente afectó de forma desproporcionada al personal sanitario, ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger a los profesionales de la salud y del ámbito asistencial, de dar prioridad a la inversión en su formación y empleo, y de promover alianzas destinadas a ofrecerles unas condiciones de trabajo dignas.
En la cobertura sanitaria universal no solo es importante determinar qué servicios están cubiertos sino de qué manera se financian, gestionan y prestan. Es preciso cambiar radicalmente la prestación de los servicios con el fin de asegurar que estén integrados y se centren en las necesidades de las personas y comunidades. Ello conlleva la reorientación de los servicios de salud que asegure que la atención se preste en el contexto más apropiado, con un justo equilibrio entre la atención a los pacientes externos e internos y el fortalecimiento de la coordinación de esa atención. Los servicios de salud, incluidos los servicios de la medicina tradicional y complementaria, que se organizarán en función de las necesidades y expectativas generales de las personas y comunidades, contribuirán a asegurar que estas desempeñen un papel más activo en su salud y sistema de salud.
Las inversiones en atención primaria de calidad serán la piedra angular para alcanzar la cobertura sanitaria universal en todo el mundo.
La implantación de la cobertura sanitaria universal requiere distintos enfoques. Es fundamental adoptar el enfoque de la atención primaria de salud y enfoques que abarquen la totalidad del ciclo vital. El enfoque de la atención primaria de salud se centra en la organización y el fortalecimiento de los sistemas de salud a fin de que la población pueda acceder a servicios que favorezcan su salud y bienestar en función de sus necesidades y preferencias, lo antes posible y en su entorno cotidiano. La atención primaria de salud tiene tres componentes que son interdependientes y sinérgicos, a saber: un conjunto de servicios de salud integrados e integrales que engloban la atención primaria y los bienes y funciones de salud pública como elementos centrales; distintas políticas y actuaciones multisectoriales encaminadas a abordar los determinantes generales de la salud más amplios; y la movilización y el empoderamiento de las personas, las familias y las comunidades para lograr una mayor participación social y mejorar la autoasistencia y la autosuficiencia en materia de salud. La aplicación de un enfoque que abarque la totalidad del ciclo vital permite optimizar la salud de la población respondiendo a sus necesidades y aprovechando al máximo las oportunidades que se presentan en las distintas etapas de la vida, de modo que puedan ser y hacer lo que legítimamente valoren a cualquier edad, guiados en todo momento por los principios que promueven los derechos humanos y la igualdad de género.
Como ha puesto de manifiesto la pandemia de COVID-19, es preciso que los países aumenten rápidamente sus inversiones en las funciones esenciales de salud pública, es decir, las funciones que requieren una acción colectiva y solamente pueden financiar los gobiernos, pues de lo contrario podrían producirse graves disfunciones en el mercado. Ello incluye la elaboración de políticas basadas en datos empíricos, la comunicación, incluida la comunicación de riesgos y la sensibilización de la comunidad para que las personas y las familias puedan gestionar mejor su propia salud, los sistemas de información, el análisis de datos y la vigilancia, la capacidad de los laboratorios para realizar pruebas, la regulación de productos de calidad y comportamientos saludables, y las subvenciones a los institutos y programas de salud pública.
¿Se puede medir la cobertura sanitaria universal?
Sí. El seguimiento de los progresos realizados hacia la consecución de la cobertura sanitaria universal debe centrarse en dos datos:
la proporción de la población que puede tener acceso a servicios de salud esenciales de calidad (ODS 3.8.1);
la proporción de la población que gasta sumas importantes del presupuesto familiar en la salud (ODS 3.8.2).
También es fundamental medir la equidad para saber quién se está quedando atrás, dónde y por qué.
La OMS ha elaborado, conjuntamente con el Banco Mundial, un marco que permite evaluar los avances en la cobertura sanitaria universal mediante el seguimiento de ambas categorías, que tiene en cuenta tanto el nivel general como la medida en que la cobertura sanitaria universal es equitativa, ofrece una amplia gama de servicios y protección financiera a todas las personas de un grupo de población determinado, como los pobres o las personas que viven en zonas rurales remotas.
La OMS utiliza 16 servicios de salud esenciales como indicadores del nivel y la equidad de la cobertura en los países, que agrupa en cuatro categorías, a saber:
Salud reproductiva, de la madre, el recién nacido y el niño:
planificación familiar;
atención durante el embarazo y el parto;
inmunización infantil completa;
comportamiento de búsqueda de atención de salud en caso de neumonía.
Enfermedades infecciosas:
tratamiento de la tuberculosis;
tratamiento de la infección por el VIH con antirretrovíricos;
uso de los mosquiteros tratados con insecticida para la prevención del paludismo;
saneamiento adecuado.
Enfermedades no transmisibles:
prevención y tratamiento de la hipertensión arterial;
prevención y tratamiento de la hiperglucemia;
detección del cáncer cervicouterino;
(no) consumo de tabaco.
Servicios: capacidad y acceso:
acceso a servicios hospitalarios básicos;
densidad de personal de salud;
acceso a los medicamentos esenciales;
seguridad sanitaria: cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional.
Como cada país es único, cada uno puede centrar su labor en diferentes esferas o concebir sus propios medios para evaluar los progresos realizados en la consecución de la cobertura sanitaria universal. Sin embargo, cabe considerar también la utilidad de un enfoque mundial que se base en medidas normalizadas y reconocidas internacionalmente que faciliten la comparación entre los países a lo largo del tiempo.
Función de la OMS
La cobertura sanitaria universal tiene su sólido fundamento en la Constitución de la OMS de 1948, en la que se declara que la salud es un derecho humano fundamental y se adquiere el compromiso de garantizar a todos los más altos niveles posibles de salud.
La OMS apoya a los países para que desarrollen sistemas de salud que permitan conseguir y sostener la cobertura sanitaria universal, así como evaluar los progresos realizados. Ahora bien, la Organización no trabaja de forma aislada, sino que colabora con diferentes asociados en situaciones muy diversas y con distintos fines, con miras a promover la cobertura sanitaria universal en todo el mundo.
Las alianzas en las que participa la OMS son, entre otras:
UHC2030 - en inglés
Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud - en inglés
Red P4H de Protección Social en Salud - en inglés
UHC Partnership – en inglés
Iniciativa sobre el rendimiento de la atención primaria de la salud - en inglés
En colaboración con el UNICEF y el Ministerio de Salud de Kazajstán, la OMS organizó la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de la Salud los días 25 y 26 de octubre de 2018, cuarenta años después de la histórica adopción de la Declaración de Alma-Ata. Ministros y representantes de los trabajadores de la salud, las instituciones académicas, los asociados y la sociedad civil se reunieron para renovar su compromiso con la atención primaria de salud, piedra angular de la cobertura sanitaria universal, como parte de la nueva y ambiciosa Declaración de Astaná. Con esta Declaración, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones profesionales, los círculos académicos y las organizaciones internacionales que trabajan en la esfera de la salud y el desarrollo renuevan su compromiso con la atención primaria.
Todos los países pueden hacer más para mejorar los resultados de salud y atajar la pobreza mediante el aumento de la cobertura de los servicios de salud y la reducción del empobrecimiento ocasionado por el pago de los servicios de salud.
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